¿Es levantar entera una acera, una calle, un parque en obras para volverlo a poner igual la mejor forma de crear riqueza y empleo? ¿Es permitir desmanes en los precios de los intermediarios, para seguir haciendo funcionar la agricultura a base de subvenciones el camino a seguir? ¿y permitir por sistema que los que más tienen sean los que menos contribuyan, y que los que menos tienen cada vez estén más hundidos en la mierda, es un sistema, ya no justo, viable?
El viernes se aprobó en consejo de ministros la "ley Sinde" (a falta del visto bueno del parlamento en junio) que intenta defender, de nuevo, el beneficio de pocos a cambio del mal de muchos. Creo yo que si un modelo de negocio ya no funciona, la responsabilidad no es ni de los consumidores, que son personas horribles por no querer darte 18€ por un disco de Bisbal. ni de las webs de enlaces, que sólo te dicen dónde encontrar un recurso (eso tampoco es delito, numerosas sentencias lo confirman), ni de las nuevas tecnologías de la información. Si vender trozos de plástico con música dentro ya no da tantísimos beneficios (no estamos hablando aún de una industria con pérdidas, precisamente), son ellos los que tienen que adaptares a los tiempos. La solución no es que los escribas impongan sanciones a los fabricantes de máquinas de escribir.
Pero no. Como los jueces siguen sin darle la razón a la SGAE por eso de que el código penal no ve como un delito que yo comparta con quien quiera los contenidos que encuentro, ya hay un nuevo recurso civil por el que cerrar sitios que les toquen las pelotas. Esto es maravilloso en su mera concepción: ahora si fulano denuncia que alguien está compartiendo su disco en la red, no hace falta uno de esos anticuados señores de toga para que yo me cargue la página donde la pone. Cuatro días, cuatro, y la web cerrada. Tonterías como las agresiones, los robos o los delitos fiscales multimillonarios podrán echarse meses ¡años! en resolución. ¿A quién le importan esas cosas? Lo importante es que tengamos una forma rápida de tratar con los "indeseables digitales", aunque tengamos que pisarle el cuello al poder judicial para hacerlo.
Parece un buen momento para recordar el manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet.
1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.
La red ya es un poco menos libre, un poco menos justa. Un aplauso para nuestros representantes electos.
